Se trata de un procedimiento especial que se reclama la vulneración de garantías fundamentales, de origen legal y constitucional, donde se caracteriza este procedimiento es por la denominada sanción indemnizatoria, la que oscila entre seis y once sueldos de un trabajador, y en este procedimiento se destaca que se puede aplicar en una relación laboral vigente o con motivo del despido la inobservancia de derechos fundamentales.